Cuando hablamos de la Ley de la Segunda Oportunidad, a no ser que seas abogado o un acérrimo lector del BOE, no sabrás que realmente nos estamos refiriendo al Real Decreto Ley 1/2015 que modifica la Ley Concursal vigente. En sí, como Ley, no existe.
Aclarado este punto, vamos a analizar las citadas correcciones y como afectan a las personas físicas, tú, yo, él, nosotros, vosotros y ellos, ya que hasta el momento la aprobación del este RDL no podían acogerse a los beneficios que más adelante detallaremos.
La Ley De La Segunda Oportunidad para la gente de a pie
Este RDL pone a disposición de toda las personas que cumplan con los requisitos, los mecanismos legales que pueden usarse para intentar dar salida a las deudas acumuladas, siempre de buena fe y de forma voluntaria, de cara a que no sean un lastre de por vida.
Es decir, que ya tenemos a nuestro alcance al BEPI y consecuentemente al AEP. Y ahora veamos que esto, en qué consisten y para qué nos valen.
El BEPI es el Beneficio De Exoneración Del Pasivo Insatisfecho, que viene a ser en un lenguaje accesible a todos, el arranque legal para poder poner en movimiento las acciones que nos permitan lograr deshacernos de las deudas, normalmente impagables, de una forma acorde con la normativa y sin incurrir en delito económico alguno.
Una vez esté en marcha, pasaremos al AEP, si nuestro abogado lo considera oportuno, ya que, no siempre es factible o conveniente.
AEP o Acuerdo Extrajudicial de Pagos
La AEP es la primera herramienta de la que podemos hacer uso ante una posible enajenación de nuestros bienes, actuales y futuros, por las deudas que hayamos contraído y no podamos regularizar.
Como en todo, hay que cumplir unos ciertos requisitos que nuestro abogado podrá estudiar antes de promover esta acción, y consiste, básicamente, en intentar llegar a acuerdos extrajudiciales con los acreedores para bien aplazar la deuda, dar algún bien a cambio del cobro en efectivo, cambiar los créditos por productos financieros de una compañía o pedir que nos la perdonen.
Esta acción paraliza hasta su conclusión las ejecuciones judiciales con lo cual, si tenemos afectada nuestra vivienda habitual al menos, nos dará un primer respiro. Si el acuerdo de pago, que habrá tenido que elaborar y presentar nuestro abogado, es aceptado por los acreedores, ya podemos comenzar a reestructurar nuestra economía respetando siempre lo pactado y con las limitaciones que se impongan.
En el caso en que no sea aceptado, ya comienza a rodar la noria judicial. Por ello, antes de lanzarnos al ruedo, deberíamos contar con un buen asesoramiento. Pagar a un abogado que conozca bien el terreno, con todos sus intríngulis e interpretaciones posibles; es una buena inversión si de verdad queremos acogernos a la conocida Ley de la Segunda Oportunidad.